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SE PRESENTO UN PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICAR ON LINE LAS DECLARACIONES JURADAS

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SE PRESENTO UN PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICAR ON LINE LAS DECLARACIONES JURADAS

"Yo ni bien asumí lo hice, mi declaración jurada es publica" nos manifestaba a este medio el concejal por el Radicalismo Esteban Benítez para luego acotar "y la idea es que lo hagan obligatoriamente anualmente todos los funcionarios políticos y no políticos".



"Yo ni bien asumí lo hice, mi declaración jurada es publica" nos manifestaba a este medio el concejal por el Radicalismo Esteban Benítez para luego acotar "y la idea es que lo hagan obligatoriamente anualmente todos los funcionarios políticos y no políticos".



En ese orden destaco "de esta forma podemos hacer una especie de control público y una manera de transparentar ante la sociedad que nos eligio con cuanto ingrese a cumplir mi gestión y con cuanto salgo al finalizar y saber cuál es mi patrimonio y si mis ingresos cubren realmente o no el mismo".

VISTO:
Que, la creación de un sistema de presentación de declaraciones juradas de carácter público es uno de los remedios para prevenir la corrupción.
Que, nuestro país ha adoptado al ratificar la Convención Interamericana Contra la Corrupción y al aprobar la Ley de Ética en la Función Pública Nº 25.188, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Nacional.
CONSIDERANDO:
Que, las declaraciones son un punto de partida de una investigación. Dependiendo de la información que haya que declarar, pueden servir para detectar niveles de vida injustificados con los ingresos legales del funcionario y su cónyuge, y declarados a las autoridades fiscales y también para detectar potenciales conflictos de intereses o actividades incompatibles con la función pública.
Que, los organismos de control que reciben las declaraciones juradas pueden iniciar sus investigaciones a través de tres vías distintas:
1) de oficio, a partir de una estrategia proactiva que revise el contenido de lo declarado;
2) a partir de notas periodísticas, iniciar una investigación;
3) recibir denuncias de particulares
Esta última vía es la que está íntimamente ligada con la publicidad del patrimonio, especialmente si el organismo de control adopta una postura pasiva, reaccionando únicamente a partir de la presentación de denuncias. En delitos de corrupción existe una seria dificultad probatoria, por lo tanto, ¿cómo podemos pretender que un ciudadano acredite prima facie que un funcionario tiene un nivel de vida desmedido, o algún bien no declarado, si no se le provee una herramienta básica como la declaración jurada patrimonial para tener un punto de referencia que sirva de contraste con su comportamiento?
Que, el ciudadano común no puede solicitar informes a ciertos registros de datos (depósitos bancarios o gastos de tarjetas de crédito), y en los registros públicos en los que puede hacerlo (ej. registros de la propiedad), debe pagar para ello. No se puede poner en el papel de investigador al ciudadano, no es su trabajo, ni su especialidad. Este impedimento se suma a que tampoco hay mecanismos que protejan a los denunciantes, especialmente a los funcionarios que saben que su superior comete un acto de corrupción.
Que, para el control de la evolución patrimonial, las investigaciones deben cruzar el contenido de lo declarado, con registros de la propiedad inmueble o automotor, con la inspección general de justicia u otros registros de comercio provinciales, y, en casos de investigaciones judiciales, solicitar el levantamiento del secreto bancario para acceder al movimiento de cuentas bancarias y gastos de tarjetas de crédito para analizar el nivel de vida de un declarante. También pueden hacerse estimaciones de la evolución de los ingresos y la adquisición de activos de los funcionarios
Que la teoría anticorrupción se apoya en programas de educación, en diseños institucional es para la prevención y control, y en el castigo. Para algunos, el problema es la falta de una educación en valores individuales y colectivos, mientras que para otros, se trata de un problema sistémico, en el cual el diseño defectuoso de instituciones alienta las prácticas corruptas. También hay quienes creen que la falta de sanciones ejemplares favorece la impunidad al mismo tiempo que alienta comportamientos corruptos similares. Para un enfoque desde la teoría
económica, la lucha de la corrupción se basa en un sistema de incentivos, de reducir los alicientes y aumentar los costos para el corrupto.
Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, realiza un análisis económico de la conducta humana. Las prácticas corruptas pasan a ser una actividad económica más y el funcionario es un individuo racional que busca maximizar su utilidad. Haciendo un balance de costo-beneficio: ¿Qué posibilidades hay de que me descubran y que me sancionen? ¿Cuál es el costo social que debo pagar si esto trasciende públicamente? ¿Y si mi familia, mis colegas y mis amigos se enteran? (muchos pueden verse persuadidos de no cometer un acto de corrupción por la vergüenza social que ello le implicaría en su grupo familiar o su círculo de amistad); ¿Cuál es la recompensa por mi obrar honesto?; ¿Mi salario es acorde a la función que cumplo?; ¿A cuántas y cuáles personas voy a involucrar para que me encubran o sean partícipes necesarios -por ejemplo, si los nombro testaferros? Y, en ese caso, ¿A qué precio? (a ningún testaferro le gustaría ser imputado de encubridor o de partícipe necesario, y menos en forma gratuita).
Que, debemos conocer el fallo “Campos Ríos Maximiliano Ulises c/Legislatura s/Amparo”.20 Allí se hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por un ciudadano y una ONG –la Asociación Civil para la Democracia y el Gobierno Representativo-, ordenando hacer públicas las declaraciones juradas de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal sostuvo frente a las exigencias de motivar una solicitud de acceso a la declaración jurada de un funcionario: “Pero cabe estar seguro de que existe un gran número de ciudadanos que desean conocer la situación patrimonial de los funcionarios y su evolución, y su interés legítimo no puede catalogarse de curiosidad malsana, ni tampoco hay razones para buscar en esa curiosidad propósitos malignos. Por lo demás, no hay información en la causa que permita deducir oscuras intenciones de los actores, ni menos aún disposición legal que obligue a justificar el objetivo del pedido.”“Por el contrario, si, como se dijo ya, la regla que debe imperar en situaciones como la de autos es la publicidad, y el secreto solo adquiere características de excepción”.
Que, si una ONG accediera a las declaraciones para armar un banco de datos, aún por Internet, o un periodista para publicar una nota, el resguardo a los domicilios exactos o los números de cuenta bancarias estaría dado por la confección del formulario reservado, al que nunca tendrán acceso los interesados. Y si los datos obrantes en el anexo público se publicaran, bienvenido, se estaría cumpliendo con unos de los objetivos de la Ley, el de contar con una sociedad civil activa, preocupada por cuestiones de interés público, dispuesta a acercar información de interés a los ciudadanos.
La Oficina Anticorrupción administra cerca de 30.000 declaraciones juradas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Ciudadanos, ONG’s y periodistas han tenido acceso al patrimonio de ministrosy secretarios, y nunca se cometió delito alguno, ni se utilizaron los datos para algún fin prohibido por la Ley 25.188.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1° — Apruébase el “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral” aplicable a todos los funcionarios municipales que tengan cargos políticos y también a aquellos que posean un ingreso que los obligue a tributar el Impuesto a las Ganancias, los que deberán cumplir las disposiciones de la Ley Nº 25.188 modificada por su similar Nº 26.857 y el Decreto Nº 895/13. Artículo 2° — A los fines de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral establecida por la Ley Nº 25.188 y su modificatoria Ley Nº 26.857, los sujetos obligados deberán proceder a la transmisión electrónica de los datos, conforme el procedimiento establecido en el artículo 2° de la Resolución General de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Nº 3511/13. Una vez completada la “Declaración Jurada Patrimonial Integral - F 1245” el declarante deberá imprimir DOS (2) copias de la constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo”. En el caso que posea cónyuge, conviviente y/o hijos menores no
emancipados, deberá también proceder a la confección e impresión del Formulario de Anexo Reservado.
Artículo 3° — Dentro de los plazos establecidos por el artículo siguiente, el funcionario deberá presentar ante las áreas de personal, administración o recursos humanos de las jurisdicciones y organismos del ámbito de la Municipalidad de Concordia, o ante las dependencias que el Departamento Ejecutivo determine, un sobre cerrado conteniendo la información reservada indicada en el artículo anterior. Asimismo, se deberá acompañar DOS (2) copias de la constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo”. Los candidatos a cargos públicos del ámbito Municipal podrán presentar la referida documentación ante la OFICINA ANTICORRUPCION. Artículo 4° — La Declaración Jurada Patrimonial Integral Pública F - 1245 y el Anexo Reservado deberán presentarse dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción en el cargo o función que motiva la presentación. En el caso de los candidatos a cargos electivos dicha presentación se realizará dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores al cumplimiento del procedimiento previsto en el Capítulo VII de la Ley Nº 26.571 y sus modificatorias. La actualización anual deberá presentarse hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa. En cuanto a la Declaración de baja se seguirá lo prescripto en el artículo 3° de la Resolución General de AFIP Nº 3511/13. Artículo 5. — Los formularios que conformaran el Anexo Reservado, el sobre que los contiene y la constancia: “Presentación de DJ por Internet -
Acuse de Recibo” en soporte papel, deben ser debidamente firmados por el declarante en todas sus hojas. Artículo 6. — Las áreas de personal, administración o recursos humanos de las jurisdicciones y organismos del ámbito Municipal y las dependencias que el departamento ejecutivo determine, deben verificar, la coincidencia del número de trasmisión obrante en la Constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo” con el consignado en el sobre de su Anexo Reservado. En uno de los ejemplares de la Constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo” la autoridad interviniente deberá certificar la recepción del sobre conteniendo el Anexo Reservado en soporte papel, y entregarla al presentante como suficiente recibo. No podrá recepcionarse el Anexo Reservado si no se encontrare acompañado de la referida Constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo”. Artículo 7. — En caso de errores u omisiones que impliquen la modificación de una Declaración Jurada Patrimonial Integral - F 1245 o su Anexo Reservado, el funcionario declarante o el candidato a ejercer un cargo público electivo en el orden municipal, deberá proceder a la confección de una nueva declaración, según corresponda. Dicho documento reemplazará al anterior, dejando debida constancia del reemplazo producido. Artículo 8. — Para la consulta del contenido de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público a través de la página web de la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de la NACION, el solicitante deberá identificarse y ser impuesto de las disposiciones y sanciones previstas en las Leyes Nros. 25.188 y 25.326.
Artículo 9. — El presente régimen será aplicable para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a la actualización Anual 2020. Artículo 10. — De forma.-

Entrar al sitio 2019-11-29 17:21:14
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